Así lo determinó el juez de la Audiencia Nacional española, José Luis Calama, en la causa abierta por el presunto espionaje al mandatario y a la ministra de Defensa, a través de sus teléfonos celulares mediante el software Pegasus, y les ofreció a ambos presentarse como damnificados, en línea con lo solicitado por la Fiscalía.
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