Tomarán acciones legales y enviarán recursos para que la salud reproductiva sea accesible a las mujeres de cualquier región del país dentro de sus estados. Otros estados anunciaron medidas para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo en su territorio.
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El FMI decide si aprueba la revisión que gatillará un giro de US$ 4.100 millones

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