Varias son las irregularidades que caracterizan el desempeño de Claudia Patricia Munt como Juez de Faltas Municipal, comenzando principalmente por su incumplimiento a la Ordenanza Municipal N° 756/90 por la cual se creó el Tribunal Administrativo Municipal de Faltas. Allí, en su artículo N° 7 se establece expresamente que la Juez debe residir dentro del ejido municipal de La Carlota. Como todos sabemos, la Juez no solo no reside en nuestra ciudad, sino que además está a cargo de otros 4 Juzgados de Faltas de localidades de la zona (Viamonte, Alejo Ledesma, La Cesira, Pascanas). Los días y horas de la semana no le alcanzan para cumplir sus funciones en tantos lugares, de su propia boca se ha escuchado que viene los martes y jueves por la tarde, circunstancia que la coloca nuevamente en infracción a otra Ordenanza Municipal, en este caso el Estatuto del Empleado Municipal (creado por Ordenanza 672 y reglamentada por Decreto N° 102/86), el cual determina en su artículo N° 50, que el personal comprendido en el agrupamiento de personal jerárquico (categoría 19 a 24), cumplirá una jornada mínima de trabajo de treinta y cinco (35) horas semanales, en el mismo horario del personal de su dependencia. Asimismo, el artículo N° 58 del mismo cuerpo normativo indica que es incompatible el desempeño de un empleo en la administración pública Municipal con la cobertura de otro empleo público Provincial, Nacional o de otras Municipalidades. 

Además, se conoció en los últimas semanas que el Director General de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia, Dr. Rizzoti aplicó una suspensión preventiva que le impide intervenir en el tratamiento y resolución de infracciones a la Ley Provincial de Tránsito, labradas por la Dirección General de la Policía Caminera en el Juzgado de Faltas de Viamonte “hasta tanto se diluciden las causales de la situación irregular plateada”. El sumario administrativo, también ha derivado en una denuncia penal que la involucra. Mientras tanto La Carlota sufre un caos en el tránsito que es insostenible, camiones circulando por toda la ciudad, escasos controles de alcoholemia a la salida de boliches bailables, cantidad de remises trabajando mayor a la permitida legalmente, autos y motos que desconocen leyes de tránsito básicas, entre otros; todos problemas que necesariamente cuentan con la complicidad del Secretario de Gobierno e Intendente local con quien, según ella misma declaró, tiene un acuerdo tácito que le otorga el permiso para incumplir las Ordenanzas vigentes .  

Ésta funcionaria goza de una remuneración correspondiente al personal de planta permanente de “categoría 24”, por asistir a La Carlota, 8 días al mes; nos preguntamos: ¿realmente corresponde? Consideramos que es nuestro deber exigir que cumpla con su función de la manera que la Ley lo estipula, velando por la buena administración de nuestros recursos. En definitiva quienes pagan su salario son los contribuyentes del Municipio de La Carlota y esa es una razón mas que suficiente. 

CAMBIEMOS LA CARLOTA